La dirigencia del comité impulsor y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos formalizó la entrega del proyecto a las autoridades legislativas de Chuquisaca para que gestionen la actualización de las obras ante los ministerios correspondientes en La Paz.
La iniciativa contempla coordinar con la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación la renovación del diseño y gestionar la emisión de la ficha ambiental departamental para reanudar los trabajos en el predio.
De manera prioritaria, se remitió una solicitud oficial a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para que certifique si los gasoductos u oleoductos que cruzan la zona representan algún riesgo para el emplazamiento de la nueva infraestructura carcelaria.
Redacción Central
