El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, junto al jefe de Recursos Humanos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Dr. Julio César Uribe, y la secretaria de Salud, Alejandra Gutiérrez, formalizaron la intervención institucional al Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO) tras constatar la sustracción sistemática de fármacos e insumos de alto costo. La máxima autoridad departamental confirmó la cesación inmediata del responsable de farmacia y la activación de una querella ante el Ministerio Público contra el funcionario y posibles cómplices.
El seguimiento y las grabaciones de seguridad revelaron que el implicado ingresaba al nosocomio de manera recurrente entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada, intimidando a la portera para sustraer en mochilas medicamentos oncológicos de alto valor comercial, muchos de ellos procedentes de donaciones estatales. Según precisó el Dr. Uribe, durante la requisa a la farmacia se hallaron ampollas sin registro sanitario ni identificación, lotes caducados en 2024 y recetas médicas deliberadamente adulteradas, donde el requerimiento original de tres unidades era modificado para despachar hasta diez.
La pesquisa institucional apunta a una estructura delictiva coordinada que incluye al área informática del instituto oncológico, dado que los registros audiovisuales de los pasillos habrían sido borrados bajo el pretexto de supuestos desperfectos técnicos al momento en que se indagaban las alertas iniciales. De acuerdo con las denuncias recabadas, los productos sustraídos —cuyo costo individual oscila entre los 15.000 y 100.000 bolivianos— eran comercializados en farmacias particulares o revendidos de forma directa a familias de pacientes en situación de vulnerabilidad.
Durante su alocución, el gobernador Luis Ayllón advirtió que no tolerará actos de corrupción ni negligencia que vulneren la atención a pacientes con cáncer, instruyendo auditorías a los inventarios desde la gestión 2025 para establecer con exactitud el daño económico ocasionado. La autoridad remarcó que las acciones legales exigirán sanciones con privación de libertad, reafirmando una política de cero encubrimiento y fiscalización permanente en los ocho hospitales de tercer nivel del departamento.
Redacción Central / Sur Noticias
