El proyecto normativo estipula que toda organización política que utilice bienes públicos y muros para proselitismo deberá cancelar aranceles de blanqueado y desmantelamiento calculados por metro cuadrado.
La reglamentación propuesta obligará a las agrupaciones a tramitar autorizaciones previas ante el municipio capitalino, instancia encargada de ejecutar los cobros y coordinar las brigadas de aseo urbano.
La medida contempla también facultades de cobro sobre propiedades privadas o fachadas con previo consentimiento de sus propietarios, con el propósito de preservar el patrimonio colonial de la ciudad.
Redacción Central/ABI
