El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste Viera, sostuvo una reunión de trabajo de alto nivel con el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy Fernando López, y el representante distrital del Consejo de la Magistratura, Emilio Arredondo. El encuentro interinstitucional tuvo lugar en la capital cruceña para coordinar acciones directas frente a las denuncias de corrupción en tribunales.
La mesa de articulación permitió analizar en detalle el estado de los procesos penales abiertos contra administradores de justicia y secretarios en el distrito judicial cruceño. Las autoridades identificaron demoras indebidas, dilaciones provocadas por suspensiones de audiencias y trabas burocráticas que impiden el avance de las acusaciones.
Durante la reunión, el Fiscal General remarcó que la coordinación permanente entre el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura resulta imprescindible para depurar las malas prácticas en los juzgados. Afirmó que garantizar el acceso equitativo a la justicia exige procesar y sancionar sin privilegios a los operadores que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones.
Ambas instituciones acordaron el establecimiento de un sistema de seguimiento conjunto con reuniones periódicas para supervisar los casos que involucran a jueces y vocales. El plan contempla priorizar las investigaciones con detención preventiva y agilizar los requerimientos fiscales de información patrimonial.
Los delegados concluyeron que este esfuerzo conjunto busca dar respuestas concretas y oportunas a los litigantes y víctimas de abusos judiciales. El Ministerio Público ratificó que las causas penales contra jueces continuarán su curso formal sin ningún tipo de encubrimiento gremial.
Redacción Central / FGE
